Se detuvo a la Sra. Rossana Villares Moreno, viuda de Luis Hernán Bolio Medina. Ella, ex reina de belleza, él un empresario brillante con inquietudes sociales. El delito del que se le acusa es de defraudación fiscal. No se puede opinar sobre un proceso con certeza si no se es parte. Sin embargo el trance es ilustrador. ¿Qué autoridad moral tiene un gobierno para proceder jurídicamente contra un causante cuándo las autoridades están en medio de escándalos de corrupción? ¿Cómo puede el secretario de hacienda, Sr. Luis Videgaray Caso, proceder contra alguien cuando él mismo es señalado por la opinión pública como beneficiario del más grotesco tráfico de influencias? Hay mucho de desvergüenza pública al actuar contra Rossana Villares Moreno días después que se exoneró al presidente y a su señora esposa de toda culpa por los beneficios recibidos al otorgar contratos. Como el Partenón de Durazo o la Colina del Perro, monumentos a la corrupción pública de México, están las mansiones de que disfrutan nuestras autoridades. México está de cabeza: los que han depredado los recursos públicos con impudicia ocupan cargos públicos, los que trabajan y generan empleos son perseguidos sin ningún reparo, quizás para que sirvan de ejemplo. Se le atribuye a don Benito Juárez una frase: a los enemigos, la ley; a los amigos, la interpretación de la ley. Ese es el peor daño que se le hace a la sociedad: confundir a los jóvenes. La lucha es por establecer el autoritarismo y la corrupción como sistema. Un sistema así carece de toda autoridad moral para proceder jurídicamente contra alguien, si lo hace está practicando el terrorismo de Estado, la brutalidad como argumento. Sin embargo hoy son coacusados con Rossana Villares Moreno los que han procedido contra ella teniendo tantas cuentas pendientes con la justicia y aquellos gobernantes que nos han saqueado y lo siguen haciendo al amparo de la un precepto: la fuerza pública, argumento de los tiranos de todos los tiempos.
