Batalla por el agua potable en Mérida
Era médico, era pediatra, se llamaba Francisco Solís Aznar y realizó una loable cruzada en favor de la introducción del agua potable en Mérida. Sin mayores disputas se puede aceptar lo que significaba para la expectativa y calidad de vida de los yucatecos de aquel entonces la magna obra. Mediaban los años sesenta del siglo pasado. El gobierno del estado fijó de manera unilateral las cuotas para el servicio que resultaban onerosas para la población. Se argumentó que se había contratado un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el proyecto. Gobernaba el estado don Luis Torres Mesías, quien parecía ponerse en contra de toda la población. Las cuotas del agua potable en Mérida eran desmesuradas y existía un malestar por su imposición. La Coparmex Mérida inició entonces una campaña en contra de las nuevas y onerosas tarifas. Presidía la institución don Alejandro Gómory Aguilar, un empresario con gran sentido social. Don Alejandro nació 21 de mayo 1909 y falleció el 1 de octubre de 1978. Fue hijo de un ingeniero húngaro que llegó a Mérida a trabajar en la remodelación del teatro Peón Contreras. Don Alejandro estudió en el Seminario de San Ildefonso y en la academia Marden. Fue agente de medicinas de Merck y trabajó en la Casa Montes con don Avelino Montes Linaje. Fundó una fábrica de corcho que vio truncada su existencia por la guerra. Don Félix Lejune le ofreció asociarse en algún negocio y así es como entabló conversaciones con la viuda de don Luis Dondé. Finalmente se asoció con la familia Dondé en la celebre fábrica de galletas y pastas. El señor Gómory Aguliar fue un hombre preocupado por el personal y por la innovación, a ambos consagraba muchos de  sus esfuerzos. Sin embargo encontró en la Coparmex un camino para su vocación social que se evidenció en la oposición firme a las nuevas tarifas del agua potable.

Ante la Confederación, el gobierno del Estado contraatacó: empezó a presionar a los empresarios locales para que abandonaran a la incómoda Coparmex Mérida. Varias veces a la semana don Alejandro llamaba al joven gerente, licenciado Víctor Arjona Barbosa, y le preguntaba: “¿Cuántos somos licenciado?”; consciente de que la ley establecía que un sindicato patronal no podía operar con menos de tres afiliados. Víctor Arjona solía darle malas noticias a don Alejandro: las presiones oficiales surtían efecto y algunos socios, con las disculpas clásicas del caso, solían darse de baja con la promesa de que una vez pasada la crisis escandalosa retornarían a la Coparmex Mérida. No cedía un ápice la nueva institución en su crítica a las tarifas onerosas, abanderando así una causa de trascendencia para la población. Con una actitud valiente, digna de memoria, ese señor que fue don Alejandro Gómory Aguilar resistió toda clase de bravatas.

Finalmente el gobierno estatal convoca a diferentes sectores de la sociedad para estudiar las controvertidas tarifas y se integra una comisión el 3 de junio de 1967. La presidencia de la Comisión la ocupó el licenciado Manuel Ríos Covián, siendo designado secretario el joven gerente de la Coparmex, licenciado Víctor Arjona Barbosa. Los demás integrantes de la directiva de la Comisión fueron: Luis G. Cuevas por el Centro Bancario; doctor Francisco Solís Aznar, por la Sociedad Yucateca de Pediatría; ingeniero Hernán Pérez Vega, por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Yucatán; Jorge Seijo Gutiérrez, por la Cámara Nacional de Comercio de Mérida; químico fármacobiólogo Eugenio Palomo Erosa por la Unión de Químicos de Yucatán; Lázaro Achurra Suárez, por la Cámara de la Industria de la Transformación; José Trujillo Quintal, presidente de la Federación Estudiantil Yucateca; Noé Peniche, por la Asociación de Estudiantes del Tecnológico Regional de Mérida; Julián Izaguirre, por la Unión de Molineros de Yucatán; y Bernardino Arguelles, por los estudiantes de ingeniería.

INSÓLITA ACTITUD DEL GOBIERNO FEDERAL

En una medida sin precedentes en la historia de Yucatán, y extravagante en la historia de la República, las Secretarías de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos comunican en sendas cartas, dirigidas a la Cámara Junior de Progreso, conocidas el 12 de julio de 1967, la suspensión de las obras federales en el estado. Se establecía que, en virtud de que los sectores público y privado del estado se negaban a cumplir los compromisos contraídos con instituciones internacionales de crédito para abastecer de agua potable a la ciudad de Mérida y otras poblaciones del estado, la federación se haría cargo de esos compromisos para salvaguardar el prestigio financiero internacional de la República. El licenciado Gilberto Valenzuela, secretario de Obras Públicas, en su carta dice textualmente:

En el año de 1962, a petición del pueblo y gobierno del Estado de Yucatán, el Gobierno Federal contrató con el Banco Interamericano de Desarrollo un crédito de 108 millones de pesos para las obras de abastecimiento de agua potable a Mérida y once poblaciones de la entidad.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos inició las obras de captación y distribución de agua potable.

De todo estuvieron oportuna y directamente notificadas las autoridades estatales y municipales y la población de la propia entidad federativa. Prensa, radio y tv de todo el país, incluyendo, obviamente, las de la región, dieron desde aquellas fechas noticia de la contratación de este crédito, su monto, sus condiciones, el objetivo a que estaba destinado y el plazo en que debía pagarse.

Terminadas las obras, se inició una intensa campaña publicitaria para tratar de obtener que el adeudo contraído por el estado de Yucatán, con la garantía del gobierno federal, no aumentara las cargas tributarias que actualmente deben cubrirse en esa entidad, hasta que la legislatura del estado expidió un decreto fijando cuotas especiales. El decreto fue sancionado y promulgado por el gobernador constitucional del Estado y el resultado es que no se cuenta con dinero para cubrir los gastos de mantenimiento del sistema, no ya para cubrir el crédito del BID.

Como sería injusto que por el adeudo de una de las Entidades Federativas se viera seriamente dañado o aun se terminara con el crédito de México, y también resultara injusto que el crédito obtenido para satisfacer exclusivamente necesidades de poblaciones del Estado de Yucatán fueran pagados por el resto del país, ya que los sectores públicos y privados de aquel Estado se niegan a cumplir la obligación contraída con las instituciones financieras internacionales que se han mencionado, el gobierno federal se verá obligado a cubrir ese adeudo tanto para salvaguardar el buen nombre de México como para conservar su crédito, que es una de sus más apreciables conquistas logradas a través de muchos años de esfuerzo.

Como el gobierno federal no dispone de fondos ilimitados para solventar esta clase de adeudos, como además es Yucatán el Estado que más subsidios recibe de la Federación, y no encontrando otra medida qué aplicar, esta dependencia se verá en la necesidad de disponer de las cantidades que se habían destinado para la realización de otras obras públicas en el propio Estado de Yucatán a fin de dedicarlas al pago de la deuda, reduciendo así sus compromisos de trabajo en la entidad, a saber:

Construcción del aeropuerto de Mérida. Carretera Umán Halachó. Caminos vecinales: Citilcum-Tekantó, Chicxulub-Uaymintún, Chikindzonot-Dzizantún, Holcá-Sotuta-Seyé, Homun-Acanceh, Tinum-Ebtúm, Chablekal-Chixculub Pueblo, Ticul-Chapap, Hunucmá-Kinchil, Kinchil-Celestún, Motul-Kini, Opichén-Maxcanú, Oxkutzcab-Xul y Peto-Ichmul.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos envío una carta concebida en iguales términos que la anterior y en la que el secretario del ramo anuncia la necesidad de suspender lo siguiente: Compra de Refrigeradora yucateca de Mérida —antigua planta de agua potable—. Y obras de irrigación en municipios y poblaciones de la zona henequenera. La primera carta está fechada el 30 de junio y la segunda el 6 de julio.

La misma noche que se conocen las cartas la Comisión para el Estudio de la Tarifas del Agua Potable se reúne en el local del Club Rotarios de la Avenida Pérez Ponce y, ante numerosa asistencia, incluida la del gobernador Torres Mesías, da a conocer su propuesta. Y presenta los siguientes números: La reunión fue en el Club Rotarios, sin la presencia de los representantes de la Cámara de Comercio de Mérida, y se aprobó reducir las tarifas, la domiciliaria de o a 10 m3 de 10 a 8.50 y comerciales e industriales de 0 a 30 m3, 36 pesos , más excedentes.

La proyección financiera se presentaba en los siguientes términos:

Ingresos Mensuales:

  • Por servicio medido: 915 081.75
  • Por derecho de conexión: 59 791.66
  • Menos 5% de cuentas incobrables: 49 743.67
  • Saldo : 926 129.74

Egresos mensuales:

  • Amortización del crédito BID: 450 000
  • Intereses crédito BiD 168 112.50
  • Gastos de operación : 367 857
  • Diferencia (59 727.76)

Esa misma noche, por haber cumplido con su propósito, la Comisión queda disuelta y el gobierno estatal acepta su propuesta. Con la distancia del tiempo parece una respuesta, al menos, confusa: el gobierno federal suspende las obras en el estado y reclama el incumplimiento de compromisos económicos por parte de los sectores público y privado y se acuerda reducir las tarifas. Parece una respuesta poco consecuente con la causa que originó el problema, según el gobierno federal. Dado el sistema imperante en aquel entonces es poco probable que el gobernador Torres Mesías hubiera pedido permiso a la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo la reunión. Se oyeron otras voces que se levantaron ante la sorprendente medida de la Federación, en términos generales, establecían:

1. Años antes se había acordado un aumento en el impuesto predial y una revalorización de predios para poder cubrir los gastos de la introducción del agua potable en algunos municipios del Estado.

2. A la fecha del castigo de la federación solo se habían colocado 22 000 tomas de agua de las 44 000 estimadas. Es decir, se pretendía que menos del cincuenta por ciento pagara con sus tarifas toda la obra.

3. Siendo una obra de la envergadura que era, se recurrían a los ejemplos en el mundo y en el propio México: era el sector público el encargado de construir la infraestructura.

4. El pueblo de Yucatán no fue consultado sobre el monto y la administración del crédito del BID hasta el momento de establecerse la Comisión; sin embrago la Federación asumía que, la mala administración que había llevado al agotamiento de los recursos y a la imposibilidad de cumplir los compromisos que se contrajeron, era responsabilidad de los yucatecos.

La Coparmex Mérida publicó el jueves 20 de julio, en el Diario de Yucatán, las cartas que les hizo llegar a los secretarios de Estado, José Hernández Terán, de Recursos Hidráulicos y de Agricultura y Ganadería, Juan Gil Preciado:

Muy señor nuestro:

Hemos recibido su carta fechada el 5 de julio del año en curso en la que se nos comunica que la dependencia a su cargo se verá en la necesidad de disponer parcialmente de las cantidades que se habían destinado para la realización de obras públicas en el estado, reduciendo así su compromiso de trabajo en la entidad, con motivo del asunto del agua potable.

La razón por la cual estamos contestando su carta ahora es que pensamos que inmediatamente después de recibida ésta, nos llegaría otra anulándola o dejándola sin efecto, debido a lo incomprensivo de los términos en que está redactada y nos expresamos así porque no podemos comprender que en una estructura jurídico-política que tiene como base un sistema democrático y revolucionario, se dé un tratamiento tan injusto e infundado a un estado de la Unión Federativa. Pero en vista de que el tiempo sigue pasando y el silencio debe interpretarse como la ratificación y sanción del contenido de su carta, el Centro Patronal de Mérida, en representación de sus asociados y como parte integrante de la comunidad yucateca, no puede menos que manifestarle, señor secretario, su extrañeza por su modo de proceder en este asunto.

Consideramos injusto dicho tratamiento, toda vez que se basa en una afirmación falsa, ya que desde el principio, desde la planeación de la introducción del agua potable en Yucatán, desde la firma de los convenios respectivos, hasta el momento actual en que la Junta de Agua Potable ha recibido el sistema, todo ello ha sido una historia de errores y de equivocaciones. Y decimos esto porque hemos leído en su carta que de “todo estuvieron oportuna y directamente notificadas las autoridades estatales y la población de la propia Entidad Federativa”; desde el principio se obró equivocadamente, porque no es cierto que se hubiera informado a la población acerca de la forma en que se iban a realizar las inversiones necesarias para llevar adelante la obra; nunca se dijo al pueblo que iba a pagar 140 millones de pesos (capital e intereses) y que iba a soportar la mayor parte de los gastos de la obra y mucho menos se hizo un estudio adecuado y consciente de la capacidad real de nuestra gente para cubrir dicho crédito; ahora es cuando venimos a conocer todo ello, ahora es cuando, dándose cuenta las autoridades de la gran equivocación de no haber consultado al pueblo y cuando ya no es posible volverse atrás, sí convocan a los representantes de las organizaciones y sí se forma una comisión para estudiar las tarifas para el cobro del agua potable. Pero esto, que hasta ahora está conociendo el yucateco, nunca se dijo antes como debió haber sido.

Y lo que fue error de origen ha caracterizado el desarrollo de toda la obra, puesto que el sistema que ahora recibe la junta de agua potable solamente cuenta con veintidós mil tomas y no con las cuarenta mil como se había convenido, es decir se entrega el sistema terminado en un cincuenta y cinco por ciento.

Pero no es el caso de lamentarnos de los errores cometidos por las autoridades; nos encontramos en el caso de que existe ese adeudo y que el pueblo de Yucatán debe la cantidad de 140 millones de pesos (capital e intereses) al Banco Interamericano de Desarrollo, pagadera en un plazo de 20 años. Y, no obstante que nunca se informó a la población de ese adeudo, éste ha sido considerado, siendo prueba de ello que la comisión formada el pasado mes de junio especialmente para el estudio y fijación de la tarifa, ha aprobado una en la que se ha tenido en cuenta los cálculos necesarios para cubrir el créditoal BID y dicha comisión llegó a tal resolución no por el hecho de haber tenido conocimiento del contenido de su carta o de otras redactadas en idénticos términos, sino por haber considerado la misma suficientes los estudios e investigaciones realizados, sobre los datos que hasta entonces le dieron a conocer.

Pero tampoco es el objeto de esta carta la mera repetición de lo del agua potable que la comisión ha resuelto. Lo que nos importa es la forma en que se ha tratado a Yucatán y creemos nosotros que esta actitud injusta puede presentar la oportunidad que hace mucho tiempo el pueblo yucateco espera. Es la esperanza que siempre hemos tenido de encarar sinceramente el problema y superar la crisis en que se encuentra sumido nuestro estado. El malestar aumenta día a día, la diferencia entre el progreso y avance de otras entidades y nuestro atraso es cada vez más tajante; el descontento de nuestras gentes es creciente, lo mismo que la inquietud y la angustia por la situación caótica que va arrastrando el estado a su completa depresión económica y a su aniquilación. Todas estas gravísimas circunstancias que están ahogando a nuestro pueblo requieren una solución urgente.

Dice usted en su carta que Yucatán es el estado que mayores subsidios recibe de la Federación; pero no es culpa de Yucatán el encontrarse en esa deplorable situación y más con subsidios que son únicamente paliativos que van aplazando el problema pero que de ninguna manera lo pueden resolver en definitiva; más que subsidios, lo que Yucatán necesita es una actitud de completa comprensión para sus problemas sin posturas demagógicas y pseudorevolucionarias, es una actitud valiente que vaya de acuerdo con los principios de la razón, de la justicia y que tome la realidad como pauta. Es preciso adoptar una conducta cívica y altamente patriótica que, dándose cuenta de las funestas consecuencias de experimentos exóticos, encare la grave situación y resuelva de una vez por todas “el caso Yucatán”. Así, ya no tendrán que gastar en nosotros, ya no habrá tantos subsidios .Yucatán, con una reforma en su estructura social y económica, con una nueva política agraria, saldría de su ya endémica crisis y se desarrollaría con la misma pujanza que otras regiones de nuestra República.

Por todo ello pensamos que es indispensable el estudio sincero del “caso Yucatán” con toda la seriedad y honestidad que exige la gravedad del problema; se trata de obrar con dignidad, reconociendo el fracaso de políticas extraviadas y resolviendo salvar de un inevitable hundimiento a una parte viviente de la Patria; porque México es su provincia y Yucatán tiene derecho a participar en el ritmo creciente del progreso de toda la República. Y para que no suceda lo que desgraciadamente ha ocurrido con el problema del agua potable, cuando se inicie ese estudio, que esperamos sea la mayor brevedad posible, puesto que el tiempo es nuestro peor enemigo, se informe debidamente a la población y se invite a representantes de ella a integrar esas comisiones de estudio.

Creemos que ésta, y repetimos, únicamente ésta, puede ser la solución de nuestra crisis. Que pronto se conozca el diagnóstico para poder intervenir y nuevamente darle vida a este moribundo Yucatán, como lo demuestra suficientemente su historia, hará que las debilidades anteriores, que las flaquezas de enfermo se conviertan en el brillante poderío del hombre sano, confiado en su trabajo, seguro y enérgico en su acción y optimista en su futuro. Y quedará sólo como un recuerdo aquella medicina provisional de los subsidios que recibía cuando estaba postrado en su obligado lecho de enfermo.

Queremos terminar ésta, expresando una vez más nuestra inconformidad por el injusto trato que hemos recibido y por la forma como se ha vulnerado el honor de nuestro pueblo. Sírvase aceptar señor secretario, las seguridades de nuestra más atenta y distinguida consideración.

CENTRO PATRONAL DE MERIDA

Presidente, Alberto Sauri López.

Secretario, Raúl E. Casares G. Cantón

El Diario de Yucatán puso una nota al calce: “Es sensible que la Comisión no hubiera conocido a su debido tiempo todos los datos importantes relativos al problema del agua potable, pues de otra manera, como se desprende de esta carta del Centro Patronal, no hubiera aprobado las altas tarifas que aprobó”. El 26 de julio de 1967 envío el ejecutivo al Congreso local las nuevas tarifas del agua potable que serían aprobadas días después y debidamente publicadas en los órganos legales. El 27 de julio llega el presidente a Campeche.