El 21 de julio de 1936 renunció a la rectoría de la Universidad de Yucatán el Dr. Jesús Amaro Gamboa y a propuesta suya el Consejo eligió como rector a Don Joaquín Ancona Albertos, hijo del muy ilustre historiador don Eligio Ancona y Castillo. Don Joaquín logró apreciables mejoras en la universidad, sin embargo enfrentó una crisis histórica. El Br. Miguel Carrillo Alonzo, profesor de la Escuela Preparatoria, indujo a los alumnos a masturbarse para obtener espermatozoides a fin de examinarlos en el microscopio. Un alumno obtuvo la comisión mediante un sorteo, pero se negó a cumplirla. Para solucionar el problema un grupo de los muchachos hizo una colecta y se contrató a un limpiabotas de la Plaza Grande para que diera sus espermatozoides. Enterado el maestro se presentó una situación de tensión. Los alumnos enviaron una carta al Consejo Universitario. En un hecho sorprendente el Consejo convocó a una reunión en la que tomó la decisión de expulsar a todos los firmantes. Los alumnos que enviaron el documento fueron: Francisco Antonio y Eduardo Antonio Laviada Arrigunaga, Armando González, Rafael Andrade, Guillermo Aristi conde, Héctor Bolio Pinzón, Ricardo López Hernández, Jorge Muñoz Rubio, Manuel Solís, Enrique González, Jorge Vales, Francisco Castillo, L. E. Martínez Río, Hernán Patrón, Francisco Zubieta cárdenas, Luis Gutiérrez Muñoz, Miguel Navarrete Ruiz del Hoyo, A. González M, Enrique Bates, Enrique Muñoz Rubio, Tirso Berrón y Regil, Luis Aguilar, Jorge R. Ávila, Carlos J Castilla Centeno y Carlos Ortega. Este pasaje de onanismo fue la gota que rebozó un vaso ya lleno. Había pasado el rudo golpe del cardenismo sobre las haciendas, lo que lastimó a amplios sectores de la sociedad. A un tiempo don Huacho, habitado por pasiones inconsecuentes, daba una materia Religiones Comparadas, cuyo propósito era desestimar la fe. Esto creaba un ambiente de tensión muy severo que hizo crisis en este pasaje. Los jóvenes expulsados promovieron un amparo ante el Juzgado 2 de Distrito y este desestimó la petición aduciendo que no se habían agotado los recursos. Los jóvenes pidieron la revisión de la Suprema Corte de Justicia quien amparó a los alumnos expulsados. En el acuerdo de expulsión se había establecido que “se expulsa de manera perpetua y definitiva al alumno Eduardo Antonio Laviada”. Sin embargo, como habían transcurridos algunos meses desde la expulsión, los alumnos no regresaron inmediatamente a la universidad. Hubo una serie de embrollos para impedir el retorno de los expulsados, hasta que finalmente intervino la autoridad estatal con los siguientes resultados: se cerró la Preparatoria Libre y salió don Joaquín Ancona Albertos de la Rectoría, ambas medidas constituyen sendas pérdidas para la vida del Estado.
