EL LÍO DEL HOSPITAL DE TICUL, PODRÍA SER PEOR QUE EL DE LAS LUMINARIAS - meridadeyucatan.com

EL LÍO DEL HOSPITAL DE TICUL, PODRÍA SER PEOR QUE EL DE LAS LUMINARIAS

Fuente: Mayaleaks

La constructora de ese nosocomio demandaría al Gobierno del Estado por casi $454 millones

Mérida, Yuc. a 11 de enero de 2016. El Gobierno del Estado de Yucatán estaría en riesgo de enfrentar un pleito legal, por el caso del Hospital de Ticul, mucho más grave y complicado que el del Ayuntamiento de Mérida con Banco Santader, por la cancelación del contrato de las luminarias, de acuerdo con información recabada por Mayaleaks.

ML TEKAX INCON IVONNE

Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A.P.I. de C.V.  (IHP), la empresa constructora del hospital, estaría preparando una reclamación por la vía judicial al gobierno local para obtener casi 454 millones de pesos, como compensación por las pérdidas ocasionadas por la cancelación del contrato de obra, anunciada en julio de 2015.

LA HERENCIA DE IVONNE. Santander interpuso una demanda contra el Ayuntamiento de Mérida por 281 millones de pesos, más los intereses moratorios, luego de que la administración anterior, a cargo de Renán Barrera Cocha, canceló el contrato de arrendamiento de casi 80,000 luminarias del alumbrado público a  la compañía ABC Leasing, que había cedido los derechos de cobro del arrendamiento a ese banco.

El pleito de Santander con el Ayuntamiento está en manos de un tribunal colegiado de circuito, de la ciudad de México, la última instancia legal, que deberá decidir en estos días.

Como Mayaleaks ha informado, en septiembre de 2012, la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, a través del organismo público descentralizado Servicios de Salud de Yucatán (SSY), suscribió el Contrato del Proyecto para la Prestación de Servicios con Infraestructura Hospitalaria, para llevar a cabo el “Centro Hospitalario en el Municipio de Ticul”. El contrato incluía el diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha, operación, conservación y mantenimiento de ese nosocomio por un período de 25 años, que concluiría el 14 de septiembre de 2037.

ATRASO. En ese lapso, el gobierno estatal se comprometía a pagar cinco mil 571.5 millones de pesos, a razón de 185.5 millones por año, a IHP, filial de la empresa capitalina Grupo Marhnos, que con recursos propio construiría el hospital, con capacidad para 90 camas censables, a un costo de $948.8 millones.

(El costo real de ese hospital sería de $596.6 millones y hasta de $483 millones, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal y otros organismos,  según un informe anterior de Mayaleaks sobre el caso, disponible en: http://mayaleaks.org.mx/ivonne-ortega-inflo-el-hospital-de-ticul-con-mas-de-400-millones/).

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De acuerdo con el contrato, la empresa debía entregar el hospital en marzo de 2014, pero no lo hizo. Al parecer, el gobierno de Rolando Zapata Bello, que sucedió a Ortega Pacheco, consideró excesivo el tamaño de ese centro hospitalario para las necesidades de la zona y también el costo, y habría pedido hacer un edificio más pequeño.

El nuevo plazo de entrega se fijó para el 15 de enero de 2015. Para esa fecha, sin embargo, las obras del hospital apenas registraban un avance del 42 por ciento.

EL CASO, A PARÍS. Una cláusula del contrato establecía que ante el atraso en la entrega, el gobierno podría aplicar una multa de 25,000 pesos por cada día de atraso y rescindir unilateralmente el contrato, si luego de tres meses de la fecha de entrega (el 16 de abril de 2015), la empresa seguía sin cumplir con la terminación del edificio, como en efecto ocurrió.

El 10 de abril de 2015, Servicios de Salud de Yucatán solicitó, a través de la vía ordinaria civil, el pago de la pena convencional al amparo del Contrato de Prestación de Servicios.

Ante esta demanda, IHP respondió que una de las causas del atraso de la obra había sido, precisamente, la petición del gobierno de cambiar el proyecto original del hospital, primero de 90 a 60 camas y luego a 30, y contra atacó por la vía legal.

El 14 de abril presentó una solicitud de arbitraje sobre los incumplimientos contractuales del proyecto del hospital, ante la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, Francia, según un informe oficial de Marhnos, obtenido por Mayaleaks.

Mayaleaks confirmó extraoficialmente que Infraestructura Hospitalaria de la Península, prepara una demanda en contra del gobierno local de por lo menos $453,863,18.

ACCIONES LEGALES. Después, IHP y sus socios, por medio de su apoderado legal, José Luis Flores Flores, presentaron en el Juzgado Primero de lo Civil de Yucatán -que atiende la demanda de SSY- un recurso de “excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción”, que es una petición al juez para dejar de conocer el caso, ante la creencia de que no tiene competencia.

Ante la falta de arreglo, el 6 de julio de 2015, SSY notificó la rescisión del Contrato de Prestación de Servicios a Infraestructura Hospitalaria de la Península y a sus socios.

En un informe entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (pues IHP obtiene fondos de certificados bursátiles), la empresa comunica “que ha iniciado las acciones necesarias para la protección jurídica” de su inversión en el hospital de Ticul, conforme a los términos del contrato firmado con el gobierno de Yucatán.

En el contrato se establece que para garantizar el pago a IHP, el gobierno constituyó un fideicomiso, que servirá como fuente alterna para el pago de las obligaciones contraídas en ese contrato. Esta medida fue aprobada por el Congreso por medio del decreto 505.

DEMANDA MILLONARIA. Mayaleaks confirmó extraoficialmente que Infraestructura Hospitalaria de la Península, prepara una demanda en contra del gobierno local para recuperar sus inversiones en el hospital de Ticul, invocando, entre otros argumentos, la existencia de ese fideicomiso de pago alterno, por un monto de por lo menos $453,863,18.  Esa cantidad, dicen las fuentes consultadas, correspondería a lo gastado en la obra hasta septiembre.

Actualmente no se sabe el destino de ese hospital, que se levantó en un terreno propiedad del Gobierno del Estado. Según el secretario de Salud, Jorge Mendoza Mézquita, la construcción del nosocomio está suspendida indefinidamente y respecto al destino del terreno y del edificio, ha dicho que “debemos esperar el fin del litigio para decidir qué pasará”.